Cruzando la Línea: estudio y ánalisis del caso de extradición Internacional

Cruzando La Línea: Un Estudio de Caso de Extradición Internacional Coy Pfleger y Mary Dodge Universidad de Colorado Denver Escuela de Asuntos Públicos

El logro de la extradición de criminales buscados por las vías internacionales es un fenómeno poco frecuente. Muchas de las dificultades que se encuentran en complejos tratados y doctrinas internacionales, las cuales a menudo crean contradicciones y conflictos dentro y entre las naciones. El caso del Dr. Ricardo Asch es un ejemplo de las dificultades y complejidades de extradición internacional. Sorprendentemente, los orígenes del caso Asch comenzaron hace más de 16 años atrás, cuando un Gran Jurado de California emitió una acusación sobre la base de las pruebas presentadas por los fiscales acusándolo de conspiración para cometer fraude fiscal y fraude postal. En los Estados Unidos, el Gran Jurado tiene considerables poderes legales. La función del jurado es controversial debido a la naturaleza secreta de los procedimientos y el poder de los fiscales de aplazar la presentación de pruebas. La decisión del gran jurado, al igual que muchos aspectos de este caso, parecía reflejar la incapacidad del sistema judicial para brindar un trato justo. Poca gente se dio cuenta de los gastos exorbitantes profesionales, personales y sociales que abarcan tres países y perturbar la vida de un médico prominente que se mantuvo firme en su inocencia.

Ricardo Héctor Asch nació y se crió en Argentina. Después de completar su título de médico en Buenos Aires en 1971, viajó a Estados Unidos para realizar estudios de post-doctorado en Endocrinología en Augusta, Georgia, en 1975. En 1977, recibió una beca de investigación en Medicina Reproductiva de la Universidad de Texas, donde más tarde fue nombrado Director de la División de Salud Reproductiva Endocrinología y Profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología. En 1984, el Dr. Asch y el Dr. José Balmaceda presentaron la Transferencia Intrafalopiana de Gametos (GIFT) procedimiento como una alternativa a la fertilización in vitro (FIV) y recibió grandes elogios y reconocimiento en todo el mundo profesional. Sus carreras exitosas los llevaron a la Universidad de California Irvine en 1986. En 1995, surgió un escándalo que afectó el campo de la medicina reproductiva a nivel nacional e internacional.

En el Centro de Salud Reproductiva de la UCI, una clínica privada bajo el control y supervisión de la Universidad de California, Irvine, hubo denuncias y rumores de un posible comportamiento poco ético y fraudulento. Otras historias surgieron de un formulario de consentimiento para la donación de óvulos siendo manipulados por los empleados de la clínica. Las alegaciones formuladas por tres denunciantes, los auditores internos, los funcionarios universitarios y medios de comunicación populares crearon la tormenta perfecta para el escándalo reproductivo, que, entre otras acusaciones, presuponía que Asch y sus compañeros estaban recogiendo óvulos de una mujer y colocándolos en el interior de otra mujer sin el consentimiento por escrito.

Las denuncias también implicaron el uso de un medicamento de fertilidad hMG no aprobado por la FDA.

El fármaco de uso común en América del Sur para estimular los folículos en los ovarios fue recetado varios pacientes. Mientras que en la época era un fármaco no aprobado en los Estados Unidos, en la actualidad el fármaco se prescribe regularmente a las mujeres sometidas a tratamientos de fertilidad. En el momento del supuesto incidente, los medicamentos fueron utilizados por muchos profesionales para acomodar a pacientes de otras partes del mundo y para aumentar la escasez de medicamentos aprobados por la FDA. Obviamente, la seguridad del fármaco nunca estuvo en cuestión y no se habían reportado reacciones adversas cada vez por los pacientes. De hecho, cuando se le preguntó a un funcionario de la FDA acerca de hMG, comentó que el uso de la mayoría de las drogas legales es competencia de los médicos y la agencia rara vez se involucraba en esos aspectos.

Las denuncias y las auditorías internas inicialmente no mostraron preocupación por la empresa en el Centro para la Salud Reproductiva. Altas autoridades de universidades clasificadoras reconocieron únicamente problemas de poca importancia. En 1995, los denunciantes presentaron varias quejas internas y las investigaciones posteriores de los auditores, paneles de investigación, y los periodistas crearon un remolino que tocó las vidas de los pacientes, familias y profesionales médicos.

La universidad en un débil intento de calmar la tormenta de furia negoció acuerdos con los tres denunciantes y les pagó casi $1 millón entre marzo y mayo de 1995 (Dodge & Geis, 2003). Los acuerdos incluían cláusulas de "confidencialidad" que prohíben expresamente a alguno de los denunciantes-divulgar información acerca de los términos del acuerdo y los detalles relacionados con la clínica de fertilidad. Muchos comentaristas consideraron que el acuerdo representaba "dinero por silencio", aunque un denunciante continuó proporcionando información en secreto a un reportero de un periódico local, algunas de ellas provenían de historias clínicas privadas. Los administradores de la Universidad finalmente liberaron a las mujeres de la cláusula de confidencialidad después de que se hizo pública la noticia del pago.

A medida que el frenesí de los medios creció, las vidas de Ricardo Asch y José Balmaceda fueron arrancadas. La naturaleza invasiva de la prensa y su influencia sobre la opinión pública dio lugar a etiquetar a los dos médicos como culpables antes de cualquier procedimiento o prueba real. Asch y Balmaceda se enfrentaron a decisiones difíciles en lo que parecía ser una pesadilla interminable. Después de consultar con sus abogados, Asch abandonó el país en el otoño de 1995, y finalmente se trasladó a México. Asch, informado por sus abogados, no había cometido ningún delito al salir de los Estados Unidos porque no había salido a la luz ninguna acusación legal en el momento de su partida. Balmaceda salió de los Estados Unidos y regresó a Chile, su país natal. El Dr. Sergio Stone, también socio de la clínica, decidió quedarse en los Estados Unidos debido a sus fuertes lazos familiares y comunitarios. Presunto inocente, creía que el sistema de justicia le daría un resultado justo.

Stone fue acusado el 25 de abril de 1996, acusado de fraude postal y conspiración para evadir el pago de impuestos. Aunque Stone sería declarado culpable de los cargos de fraude electrónico, fue absuelto de evasión de impuestos, en el que los tres médicos habían sido acusados de conspiración. Obviamente, esta acusación era falsa, aunque la acusación contra los "co-conspiradores" nunca fue cambiada. Sin embargo, el veredicto de culpabilidad no estuvo exento de polémica. Varios miembros del jurado después se quejaron de que habían sido restringidos por las instrucciones del juez al jurado y casi forzados a caer en el juego. Un miembro del panel mencionó después, que otro miembro del jurado dijo que iba a ir a la cárcel si no seguía las órdenes del juez de aplicar la ley como les había instruido a --- una declaración inexacta por lo mínimo (Dodge & Geis, 2003). Stone fue sentenciado a un año de libertad condicional, tres años de libertad condicional regular, y una multa monetaria (USA v. Asch et al, 1998).

A pesar de que Asch y Balmaceda estaban fuera del país, la oficina del Fiscal de Estados Unidos los incluyó en la acusación. Cada médico fue añadido a la acusación tras el inicio del caso Stone, con Balmaceda puesto en la acusación el 27 de junio de 1996 y Asch en junio de 1996, y de nuevo en septiembre y octubre de 1997 (expediente, USA v Asch et al, 1998).Los cargos fueron los mismos: fraude postal y evasión fiscal. Los cargos de fraude postal estaban relacionados con los alegatos de que los doctores estaban firmando formularios de seguros solicitando que un cirujano asistente estuviese en la habitación durante el procedimiento. Los registros muestran, sin embargo, que esto normalmente no era el caso y la facturación de seguros cayó bajo la supervisión de la universidad y su personal.

Irónicamente, ninguna compañía de seguros se adelantó a acusar a los médicos de cualquier tipo de fraude.

El 6 de agosto de 2004, el Dr. Asch fue detenido en Argentina con una orden de extradición de los Estados Unidos (Berthelsen y Delson, 2006). Casi cuatro años después, la Corte argentina rechazó el pedido de extradición y encontró que Asch no había cometido ningún delito conforme a los estatutos legales del país. La Corte, en su negativa de permitir la extradición, también tomó nota de la prescripción y la falta de pruebas de la supuesta infracción sobre la base de la información presentada por los fiscales estadounidenses. En resumen, el Dr. Asch fue exonerado de los cargos por los tribunales argentinos. La decisión del tribunal proporcionó inmunidad automática de cualquier otro intento de extradición. Además, el tribunal se basó en el concepto de non bis in idem, una disposición similar a la cosa juzgada en el que un acusado no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, lo cual aplicaba en caso de Asch.

A finales de 2010, Asch, regresó a su vida en la Ciudad de México después de haber sido exonerado, fue arrestado una vez más con una orden de extradición de los Estados Unidos por los mismos motivos que había sido absuelto y liberado en Argentina. Al parecer, Estados Unidos había emitido una solicitud de extradición de México al mismo tiempo que lo hicieron en Argentina en 2004. Curiosamente, en mayo de 2009, habían enviado una nota oficial a través de la Embajada de los Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de retirar la solicitud. En lugar de tratar de obtener la orden de extradición expedida por la presentación de la documentación adecuada inmediatamente, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California esperaron hasta el día 59 º de la fecha límite del día 60°. Asch fue liberado de la cárcel tras cumplir tres meses de pesadilla en prisión. Aunque las autoridades mexicanas señalaron por qué lo liberaron, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que no tenía idea de por qué la orden de extradición fue rechazada en última instancia.

Análisis de los Intentos de Extradición

¿Por qué la oficina del Fiscal de los Estados Unidos sigue persiguiendo a Asch después de que fue absuelto de los cargos en la Corte argentina, un país democrático y soberano, es desconcertante. El tratado de extradición entre la República de Argentina y los Estados Unidos y las decisiones subsiguientes indica que la lucha de Asch por su libertad está concluida.

El artículo 2 del Tratado de Extradición entre la República de Argentina y los Estados Unidos de América (aquí adelante referido como TIAS 12866) proporciona una lista de delitos extraditables. El Artículo 2 (1) establece que: "Un delito será un delito extraditable si es punible en virtud de la legislación de ambas partes con la privación de libertad por un período máximo de más de un año o con una pena más grave" (TIAS 12866). Thomas Pickering, de los Estados Unidos la secretaria de Estado para Asuntos Políticos, que presentó el tratado para su ratificación, considera que esto sería una cláusula de "doble incriminación", mientras que cualquier delito futuro que pueda ser penalizable bajo las leyes de cualquier país se incluiría (Carta de Presentación, TIAS 12866). Los delitos específicos no se enlistaron con toda intención y la cláusula niega la necesidad de una lista exclusiva de los delitos que se acuerden durante el proceso de negociación.

Asch y sus abogados argumentaron que el delito de fraude postal era inexistente, afirmando "(el delito de fraude postal) no tiene ninguna relación específica dentro de nuestro sistema penal". El fallo de la jueces argentinos "para la moción de revocación dice lo siguiente:" [regla I] para otorgar la petición de revocación en la base de un crimen de un delito inexistente." La decisión final de la corte niega cualquier intento de extradición futura y declara: "en consecuencia, el caso es desestimado con respecto a la misma." El 3 de noviembre de 2010, Asch fue secuestrado violentamente por hombres sin uniforme que portaban armas de fuego en el vestíbulo de su edificio de apartamentos en la ciudad de México sin orden de arresto. En ese momento, Asch y su esposa no tenía idea de si estaban detenidos o secuestrados. Este incidente brutal creó cicatrices emocionales que probablemente no se curaron ni se pueden olvidar. Asch fue encarcelado sin una orden de detención válida en los Estados Unidos. El 30 de noviembre de 2010, el Fiscal Asistente de los Estados Unidos, Douglas McCormick presentó una solicitud ex parte para una re-emisión de la orden de arresto contra Asch después de que su despacho descubrió que la orden de arresto no era válida desde 1998 (USA v. Asch, 2010).Un juez de los Estados Unidos permitió la re-emisión de la orden de detención nuno pro tunc, que prevé una acción legal con carácter retroactivo a partir de la emisión original el 8 de abril de 1999.En otras palabras, en 2004, Asch también fue detenido en la Argentina sin una orden de detención válida. Como consecuencia de las artimañas legales Asch se vio obligado a pasar más de cuatro años en los procesos judiciales a gran costo --- personal y profesionalmente. No sólo fueron los honorarios exorbitantes legales, él y su familia luchó bajo un estrés emocional excesivo.

El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos (TIAS 12897) está de acuerdo en un plazo de 60 días para presentar los documentos de extradición después de una detención provisional (artículo 11 (3)). La oficina del Fiscal de los Estados Unidos esperó hasta el último día posible para presentar la documentación formal. La acción que parecía ser un intento vengativo de mantener a Asch en una cárcel mexicana.

El proceso de extradición en México depende de que un juez primero de una opinión legal y luego el caso es transferido a la Oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores donde el departamento judicial adopta la decisión final. Un alto funcionario mexicano dijo que entregó un aviso a los oficiales de los Estados Unidos en diciembre de que Asch fuera puesto en libertad, salvo algunos "elementos nuevos o nuevas pruebas" que justificaran su extradición. El funcionario explicó: "Hemos alertado a la Embajada de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia lo que podría ser el resultado" (Christensen, 2011). No obstante, la documentación fue presentada y México comenzó el proceso para determinar si Asch debía ser extraditado o no. Mientras tanto, Asch fue puesto en libertad bajo fianza después de tres meses de prisión. El juez a cargo del caso Asch dictaminó un mes después. El fallo del 14 de marzo de 2011 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, que negó la extradición, se basó en el artículo 6 bis in idem (TIAS 12897) y la exoneración de Argentina. La decisión es definitiva y no puede ser anulada. Explorando las Violaciones al Tratado y Actos No Éticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) es un tratado aprobado por la Asamblea General de la ONU que exige a sus partes respetar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, incluido el derecho a la vida, a la libertad de religión, libertad de expresión, la libertad de montaje, los derechos electorales y el derecho a un debido proceso y un juicio justo. México, Argentina y los Estados Unidos firmaron y ratificaron el PIDCP en sus respectivos países antes de que Asch fuese detenido en Argentina. El Artículo 14 (7) del PIDCP establece: "Nadie podrá ser obligado a ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto de conformidad con la ley y el procedimiento penal de cada país".

Por lo tanto, parece ser que el intento del Fiscal de Estados Unidos para extraditar al Dr. Asch una segunda vez fue en violación directa del artículo 14 (7) del PIDCP. La Constitución de Estados Unidos manifiesta que "todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley Suprema de la Tierra, y los jueces de cada Estado estarán obligados a cumplirlos, cualquier cosa en la Constitución o Derecho de un Estado en sentido contrario no obstante "(U.S. Const. art.VI, § 2, C1.2) Por lo tanto, el Pacto tiene rango legal en la destitución de los cargos en contra de Asch.

Tal desprecio flagrante de los tratados no está ligado exclusivamente al caso de Asch. El caso de United States v. Alvarez-Machain (1992) ejemplifica la cuestión. Humberto Alvarez-Machain, médico mexicano, fue sospechoso del asesinato de un agente estadounidense de la DEA en México. Alvarez-Machain, ciudadano mexicano, fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos. Para gran consternación del Gobierno de México, la Suprema Corte permitió que Alvarez-Machain fuera procesado, citando la doctrina Ker-Frisbie.

La doctrina Ker-Frisbie se compone de dos casos; Ker v Illinois (1886) y Frisbie v Collins (1952).Ker fue secuestrado en Perú y traído de vuelta a los Estados Unidos por un mensajero que tenía una orden válida. En lugar de ir por la vía legal, el mensajero eligió secuestrarlo por la fuerza. Ker cuestionó que la falta de debido proceso nulificaba su arresto y los cargos, sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que "el secuestro violento no es razón suficiente por el que la parte no debe responder cuando se pone dentro de la jurisdicción del tribunal que tiene derecho a juzgarlo por dicho delito, y no presenta ninguna objeción válida a su juicio en el tribunal. " En la audiencia la Corte Suprema de Justicia también señaló que no había redacción en el Tratado de Extradición de 1870 entre los EE.UU. y Perú, que permitiera que el acusado tenga derecho a asilo en Perú (Ker v Illinois, 1886).

Frisbie, aunque no es un caso internacional, también fue un secuestro autorizado por el estado. Frisbie fue en Chicago, Illinois, cuando las autoridades de Michigan lo secuestraron. Fue llevado de regreso a Michigan, donde fue juzgado y condenado. Disputando que no fue seguido el debido proceso, Frisbie apeló ante la Corte Suprema, la cual aplicó la decisión de Ker v Illinois (1886) y confirmó la condena. La Corte Suprema sostuvo: "No hay nada en la Constitución que requiere de un tribunal para permitir que una persona culpable justamente condenada, escape de la justicia, porque fue llevado a juicio en contra de su voluntad" (v. Frisbie Collins, 1952).

La aplicación de la Doctrina Ker-Frisbie para el caso United States v Alvarez-Machain (1992) tiene poco sentido. Los oficiales del orden de los Estados Unidos no tienen autoridad legal para arrestar partes en otros países. Artículo 9 (1) del PIDCP sostiene: "Toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridad personal. Nadie será sometido a detención arbitraria o prisión. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas y de acuerdo con el procedimiento que establezca la ley. " El tratado de extradición de los Estados Unidos firmado con México no se ocupa expresamente de los individuos en secuestros, sin embargo, el propósito y la única razón de que existe un tratado se debe a que ambas partes reconocen que no tienen autoridad legal en el otro país. Mediante la aplicación de la Doctrina Ker-Frisbie al caso Alvarez-Machain, la Corte Suprema socavó el tratado con México.

Conclusión

La Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos, responsable por el procesamiento de Alvarez-Machain en 1991 también encabezó la extradición de Asch. A pesar de 19 años de diferencia y muy diversos alegatos, parece que continúa la misma actitud de falta de respeto a los tratados internacionales. Si bien es fácil de comprender las emociones públicas evocadas por el escándalo de Asch de los supuestos óvulos, los actos no éticos están más allá de los límites de la ley. A partir del 2012, no ha surgido en ningún tribunal de los Estados Unidos, pruebas legales o físicas de mal uso de óvulos. Nunca se han llevado a cabo pruebas de ADN genético. Los repetidos intentos de los fiscales para extraditar a Asch por los mismos delitos que equivalían a una multa y libertad condicional para su compañero demostraban la venganza y todo el poder que abarca la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Aún más alarmante es la disposición de los fiscales para romper los tratados internacionales y las doctrinas en la búsqueda de la llamada "justicia". En este caso, parece que los tratados negociados y ratificados en buena fe son susceptibles al poder ilimitado en manos de fiscales estadounidenses. Claramente, los fiscales, al menos en el caso Asch, han actuado con indiferencia a la ley e ignoran los derechos básicos fundamentales descritos en los Tratados de Derecho Internacional y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos.

Referencias

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